La policía local estrena sede
Las dependencias se encuentran en el perímetro de la Casa Cuartel de la Guardia Civil
25 de julio de 2017
Pese a que hace varias semanas que se trasladó la policía local a sus nuevas instalaciones en la calle Angel Ganivet, este martes, la alcaldesa, Concepción Ramírez, el primer teniente de alcalde, Pepe González, el jefe de la policía local, Fermín Robles y el teniente coronel de la benemérita, José Santiago Martín Gómez, han inaugurado las nuevas dependencias en un edificio de unos 130 metros cuadrados enclavado en la el recinto de la Casa - Cuartel de la Guardia Civil. En virtud de un acuerdo entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento ha sido posible ubicar a los efectivos de la policía local en un espacio que ha sido recientemente adaptado para adecuarlo a las necesidades del cuerpo.
Desde el área de Urbanismo se hizo un proyecto de reforma y adecuación teniendo en cuenta las necesidades del servicio. En esta remodelación se han invertido cerca de 60.000 euros. Cuenta con una entrada independiente al cuartel de la Guardia Civil, espacio para aparcamiento, recibidor, despachos, almacén y zonas comunes. Entre las mejoras cabe destacar que tendrá una zona específica para albergar los objetos requisados, que puedan llegar a ser voluminosos. También se ha incluido un espacio específico para el archivo. La sede cuenta, además, con aseos y cambiadores y una sala de reuniones.
La alcaldesa destacó que "la nueva sede supone una mejora tanto para los policías como para la gente que acude ya que el emplazamiento permite un mejor aparcamiento y acceso. Las instalaciones ya están terminadas y ha sido posible gracias al acuerdo con el Ministerio y damos cumplimiento a un compromiso electoral de este equipo de gobierno. Al inicio del mandato iniciamos las conversaciones para llegar a este acuerdo y posteriormente desde el área de urbanismo se hizo una remodelación de los espacios ya existentes y su ampliación para adecuar y dar respuesta a las necesidades de la policía local”.
Por su parte el teniente de alcalde destacó que el emplazamiento supone una mejora de cara a la accesibilidad, y adelantó que aún queda por acometer la mejora del patio interior de la Casa Cuartel ya que el Ayuntamiento se comprometió a acondicionar la zona de aparcamientos.
El jefe de la policía local destacó la climatización y los espacios de la nueva sede como una mejora con respecto a la anterior ubicación.
En cuanto al ahorro económico, Pepe González recordó que “el Ayuntamiento se va a ahorrar un alquiler anual de unos 30.000 euros, cantidad que pagaban a propietario de las dependencias de la calle Granada. Las nuevas instalaciones, en virtud del convenio firmado, podrán ser utilizadas por la policía al menos durante ocho años. Teniendo en cuenta que la inversión destinada a adecuar las nuevas instalaciones ha ascendido a cerca de 60.000euros, en dos años estaría amortizada dicha actuación”.
El PSOE destaca sus políticas en materia de empleo
Los socialistas ponen en valor las actuaciones para generar puestos de trabajo
3 de julio de 2017
En una nota de prensa el PSOE ha recordado la importancia del empleo tal y como quedó reflejado en su programa electoral cuyo primer punto recogía que todas las actuaciones del Ayuntamiento irán dirigidas al fomento del empleo. En el año 2015 el paro fue el principal problema de los vecinos, situación que continúa en 2017.
En primera lugar, y con motivo de su clausura el próximo 7 de julio, los socialistas han valorado el proyecto Lanzadera de Albolote, impulsado por Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, en el que durante cinco meses, personas desempleadas han perfeccionado su formación, tanto para una búsqueda proactiva de empleo como para impulsar su propia idea de emprendimiento empresarial. Concretamente las inserciones conseguidas en esta edición de la Lanzadera de Albolote que ahora culmina son muy alentadoras y satisfactorias, en el sentido de cumplimiento de objetivos, ya que de los 20 participantes, 18 han encontrado empleo por cuenta ajena o han creado sus propias empresas, y dos siguen formándose para su incorporación al mundo laboral. En la nota de prensa el PSOE destaca que “estos resultados nos indican que las políticas activas de empleo impulsadas en este caso por el Gobierno de la Junta de Andalucía funcionan, y el PSOE siempre vamos a estar ahí donde los ciudadanos nos necesitan, dedicando todos los recursos posibles para el empleo, tanto desde el gobierno de la Junta de Andalucía, desde la Diputación Provincial, y por supuesto desde el Ayuntamiento de Albolote”.
Encuentro empresarial
La otra actuación que desde el PSOE se ha valorado como un éxito en materia de empleo es la celebración del Primer Encuentro Empresarial Juncaril-Asegra, celebrado los días 20 y 21 de junio pasados, y que estuvo organizado por la Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra, formada por los municipios de Albolote y Peligros, con gran éxito de participación entre los empresarios, y la colaboración entre otros, de Junta de Andalucía, Diputación de Granada, Universidad de Granada, Confederación Granadina de Empresarios, etc.
“Es importante recordar, señala la nota, que el Polígono Juncaril-Asegra es uno de los más importantes, si no el que más, de la Comunidad Andaluza, cuenta con más de 1.500 empresas, dando trabajo a más de 10.000 trabajadores.Entre otros, los objetivos principales de este evento, son reunir en un único espacio a todas las empresas presentes en el Polígono Juncaril-Asegra facilitando el intercambio de experiencias, impulsar los encuentros de negocio, implicar a las entidades públicas en el respaldo del desarrollo del tejido empresarial, dar a conocer nuevas oportunidades y tendencias de negocio, etc., con el fín de ayudar a las empresas presentes en el Polígono Juncaril-Asegra a consolidarse y seguir creciendo, contribuyendo así al desarrollo económico y social de Granada y provincia, y sobre todo, impulsar la creación de empleo y el desarrollo de servicios para los habitantes de Albolote y Peligros”.
El Partido Comunista elige a su líder andaluz en Albolote
El XII Congreso congregó a más de 300 delegados en la Casa de la Cultura
3 de julio de 2017
El PCA concluyó el domingo 2 de julio su congreso andaluz que se celebró en Albolote con la elección de su nuevo Comité Central, máximo órgano de decisión del Partido hasta el próximo Congreso. Dos listas competían por la composición del órgano. La lista encabezada por Ernesto Alba ha obtenido 171 votos, el 62% del total y 38 miembros en el nuevo Comité Central. La lista encabezada por Miguel Ángel Bustamante ha obtenido 105 votos, el 38% con lo que le corresponden 23 miembros del órgano. Con esta composición, el nuevo Comité Central ha mantenido su primera reunión y ha elegido, de entre sus miembros, a Ernesto Alba como nuevo secretario general.
El PCA, en este XII Congreso, ha aprobado su apuesta por un fortalecimiento de su papel como Partido en el trabajo en los conflictos sociales y laborales. Una acción que debe ser simultánea al proceso de superación de Izquierda Unida en Andalucía como partido para devolverle su origen como movimiento político y social. Este fortalecimiento y reactivación del PCA se desarrollará a través de su trabajo de confluencia en IU e irá acompañado de un proceso de superación de ésta. Los comunistas consideran que debe ser un proceso natural de creación de un nuevo espacio que recoja la IU actualmente existente y vaya más allá.
Para la puesta en marcha de este nuevo espacio, el PCA hace un llamamiento a otras organizaciones políticas y sociales que apuestan igualmente por la ruptura democrática e impugnatoria del sistema capitalista que machaca a las clases populares.
En Albolote
No es la primera vez que los comunistas eligen Albolote para celebrar sus congresos y actos políticos, precisamente en la Casa de la Cultura se celebró la fase provincial del XX Congreso Central del Partido Comunista. En esta ocasión se trataba de un Congreso Andaluz que ha congregado a más de trescientos delegados que han desarrollado durante tres días el proceso congresual en la localidad.
Julio Bernardo recurrirá ante el Tribunal Supremo
Señala que la suya es una “condena política injusta” y confía en que el TS le dé la razón
14 de junio de 2017
“Asombrado, indignado, pero tranquilo”. Así se manifiesta Julio Bernardo (IU), exvicepresidente de la Diputación Provincial y exconcejal de Albolote tras conocerse la sentencia que le condena a nueve años, tres meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público “por un delito continuado de prevaricación en el llamado 'caso Mercamed' debido a irregularidades en las contrataciones realizadas para la feria empresarial celebrada en 2011 en Tetuán con financiación europea”. En la sentencia, la Sección Primera de la Audiencia absuelve, sin embargo, a las once personas, -entre asesores, técnicos de la institución provincial y representantes de empresas-- que se sentaron junto a Julio Bernardo en el banquillo de los acusados el pasado abril.
“Me alegro de que todo el mundo quede exculpado y absuelto”. “Al final solo se ha condenado al político, lo que no deja de ser asombroso y deja muy a las claras que es una sentencia con la que la Justicia busca salir airosa después de un proceso que ha levantado mucha polvareda y en el que se ha demostrado que no había nada”, ha indicado Bernardo, quien se siente como un “cabeza de turco” y manifiesta que la suya es “una condena política”.
En sus declaraciones a Albolote Información el exedil de IU ha confirmado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) “porque consideramos que es injusta y me condena por unos hechos que considero que no he cometido y aún menos por prevaricación continuada”. En este sentido, Bernardo explica que “toda la acusación de la Fiscalía se basa en un documento en francés que lleva su firma “y que ni siquiera se han molestado en traducir”, al tiempo que ha lamentado el desarrollo del proceso de instrucción del caso “en el que han participado tres jueces distintos y en el que ni siquiera intervino la Fiscalía”.
En su lectura de la sentencia Bernardo valora que ésta le absuelve de cualquier imputación económica y “demuestra que no se ha hecho un mal uso de los fondos públicos y que nadie se ha llevado nada”.
“Estoy indignado pero tranquilo y confiado en que el TS nos dé la razón, no puede ser de otra forma, porque incluso la propia sala así lo indica en su sentencia”, concluye Bernardo, quien dice sentirse “apoyado y arropado” por su partido
Sentencia
En la sentencia el tribunal considera probado que para realizar la Feria Mercamed, que se celebró del 26 al 28 de mayo de 2011 en la localidad marroquí de Tetuán, "se fraccionó en contratos menores" y "sin expediente alguno" todo lo referido al evento, como el transporte del material, la seguridad o el montaje, con el objetivo de "evitar los controles y los trámites" legales.
A ello se suma que ninguna de las empresas a las que se adjudicó servicios para la feria "realizó prestación alguna para la Diputación de Granada, pese a lo cual presentaron sus correspondientes facturas para cobrar el importe de lo contratado; facturas a las que se les dio el visto bueno por los técnicos de la Diputación y por --el entonces-- vicepresidente de la Diputación".
Mantiene la Audiencia que Julio Bernardo dio luz verde a las facturas "pese a conocer" que las empresas no habían realizado trabajo alguno, puesto que él fue la persona que autorizó la firma de un contrato con la empresa marroquí Juridicus Maroc para que se hiciera cargo del evento, después de que surgieran problemas en el Puerto de Tánger para que el material pudiera pasar la frontera.
Julio Bernardo sostuvo durante el juicio que la única intención fue "posibilitar la celebración de la feria" ante la situación sobrevenida de que el material fuera retenido en el Puerto de Tánger, y que esto "evitó graves perjuicios a la Diputación, como la pérdida de las subvenciones de la Unión Europea"
Julio Bernardo, que es funcionario de correos, se enfrentaba a una petición fiscal de ocho años y cinco meses de prisión y 17 años de inhabilitación, que la Audiencia ha rebajado a nueve años, tres meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La Audiencia condena a Julio Bernardo por un delito de prevaricación
Se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público
7 de junio de 2017
La Audiencia de Granada ha condenado al exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo Castro (IU) a nueve años, tres meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público “por un delito continuado de prevaricación en el llamado 'caso Mercamed' debido a irregularidades en las contrataciones realizadas para la feria empresarial celebrada en 2011 en Tetuán con financiación europea”.
En la sentencia,según publica Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia absuelve sin embargo a las once personas --entre asesores, técnicos de la institución provincial y representantes de empresas-- que se sentaron junto a Julio Bernardo en el banquillo de los acusados el pasado abril; así como a las entidades que estaban presentes en el proceso como responsables civiles directos, después de que se les adjudicaran servicios que no llegaron a prestar.
El tribunal considera probado que para realizar la Feria Mercamed, que se celebró del 26 al 28 de mayo de 2011 en la localidad marroquí de Tetuán, "se fraccionó en contratos menores" y "sin expediente alguno" todo lo referido al evento, como el transporte del material, la seguridad o el montaje, con el objetivo de "evitar los controles y los trámites" legales.
A ello se suma que ninguna de las empresas a las que se adjudicó servicios para la feria "realizó prestación alguna para la Diputación de Granada, pese a lo cual presentaron sus correspondientes facturas para cobrar el importe de lo contratado; facturas a las que se les dio el visto bueno por los técnicos de la Diputación y por --el entonces-- vicepresidente de la Diputación".
Mantiene la Audiencia que Julio Bernardo dio luz verde a las facturas "pese a conocer" que las empresas no habían realizado trabajo alguno, puesto que él fue la persona que autorizó la firma de un contrato con la empresa marroquí Juridicus Maroc para que se hiciera cargo del evento, después de que surgieran problemas en el Puerto de Tánger para que el material pudiera pasar la frontera.
Julio Bernardo sostuvo durante el juicio que la única intención fue "posibilitar la celebración de la feria" ante la situación sobrevenida de que el material fuera retenido en el Puerto de Tánger, y que esto "evitó graves perjuicios a la Diputación, como la pérdida de las subvenciones de la Unión Europea".
