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La Audiencia condena a Julio Bernardo por un delito de prevaricación

Se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público

Esther Leal | 7 de junio de 2017
Julio Bernardo en su etapa de Concejal y Diputado provincial
Julio Bernardo en su etapa de Concejal y Diputado provincial

La Audiencia de Granada ha condenado al exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo Castro (IU) a nueve años, tres meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público “por un delito continuado de prevaricación en el llamado 'caso Mercamed' debido a irregularidades en las contrataciones realizadas para la feria empresarial celebrada en 2011 en Tetuán con financiación europea”.

En la sentencia,según publica Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia absuelve sin embargo a las once personas --entre asesores, técnicos de la institución provincial y representantes de empresas-- que se sentaron junto a Julio Bernardo en el banquillo de los acusados el pasado abril; así como a las entidades que estaban presentes en el proceso como responsables civiles directos, después de que se les adjudicaran servicios que no llegaron a prestar.

El tribunal considera probado que para realizar la Feria Mercamed, que se celebró del 26 al 28 de mayo de 2011 en la localidad marroquí de Tetuán, "se fraccionó en contratos menores" y "sin expediente alguno" todo lo referido al evento, como el transporte del material, la seguridad o el montaje, con el objetivo de "evitar los controles y los trámites" legales.

A ello se suma que ninguna de las empresas a las que se adjudicó servicios para la feria "realizó prestación alguna para la Diputación de Granada, pese a lo cual presentaron sus correspondientes facturas para cobrar el importe de lo contratado; facturas a las que se les dio el visto bueno por los técnicos de la Diputación y por --el entonces-- vicepresidente de la Diputación".

Mantiene la Audiencia que Julio Bernardo dio luz verde a las facturas "pese a conocer" que las empresas no habían realizado trabajo alguno, puesto que él fue la persona que autorizó la firma de un contrato con la empresa marroquí Juridicus Maroc para que se hiciera cargo del evento, después de que surgieran problemas en el Puerto de Tánger para que el material pudiera pasar la frontera.

Julio Bernardo sostuvo durante el juicio que la única intención fue "posibilitar la celebración de la feria" ante la situación sobrevenida de que el material fuera retenido en el Puerto de Tánger, y que esto "evitó graves perjuicios a la Diputación, como la pérdida de las subvenciones de la Unión Europea". 

 
 
 
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