Vox solicita al Ayuntamiento que abandone la FEMP

En una moción, que se debatirá en Pleno, Vox defiende la Diputación como garante de los derechos de los municipios

Ester Leal  |  4 de septiembre de 2020
David Navarro, portavoz de Vox, en las oficinas municipales
David Navarro, portavoz de Vox, en las oficinas municipales

En una moción presentada por el grupo municipal de Vox para su debate en el próximo Pleno, esta formación política solicita que Albolote abandone la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que, según explica la moción, “la FEMP es un órgano que suplanta las funciones de las Diputaciones Provinciales, que son las autenticas garantes de los derechos de los municipios, un organismo paralelo a las instituciones recogidas por la propia Constitución Española. Un "chiringuito", otro más, creado en este circo político para dar cabida a decenas de amigos y miembros de los partidos de turno”. Según explica el portavoz de Vox, David Navarro, “la FEMP, junto al Gobierno de la Nación, han sido los responsables de castigar duramente a aquellos Municipios que han cumplido con la austeridad requerida y el control de cuentas, saqueando el dinero del superávit de las arcas locales, para tapar la nefasta gestión Gubernamental. Por ello, Vox Albolote ha presentado una Moción para ser sometida a pleno, con el objetivo del abandono inmediato de este Ayuntamiento de la organización paralela llamada FEMP”.

Navarro subraya que “la FEMP es un artefacto creado por los dos grandes partidos que no ayuda a permitir a los ayuntamientos intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses tal y como establece la Ley, sino que tiene por finalidad intervenir esta autonomía, gestionar en su representación y como contrapeso a la independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades locales. A mayor abundamiento, ha desarrollado en estas tres décadas una infraestructura que presiona a la adhesión de las entidades locales y, una vez adheridas, les obliga a la cesión de una suculenta parte de la contratación mediante su Central de Contratación, si bien esta artimaña cabe legalmente es reprobable política, social y moralmente. En todo caso, constituye un instrumento al servicio de los grandes partidos y que restringe expresa y ampliamente la autonomía constitucional de las entidades locales, no beneficia a los vecinos y produce una distorsión en el régimen democrático”.

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